¿Acaso vale ya todo en política? ¿Tan faltos de ética y ansiosos por alcanzar el poder que no dudan en conseguirlo por cualquier medio? La moción de censura desestabilizará a España.
Momento histórico el que se vive en España: una moción de censura sale adelante y arrebata el poder a un presidente de Gobierno. En España se han presentado cuatro a lo largo de sus cuarenta años de democracia reciente pero solo la última de estos días ha prosperado.
Los ministros y diputados del PP se felicitaban porque consideraban que habían logrado un gran triunfo sacando adelante sus presupuestos generales. No imaginaban la repercusión que supondría el veredicto de la Audiencia Nacional condenando por corrupción a varios compañeros de partido de lo que la prensa internacional se ha hecho amplio eco.
Los analistas políticos de los principales periódicos y centros sociológicos o de pensamiento consideran que el varapalo del PP en España, un partido que llevaba gobernando siete años y de gran prestigio en el continente, partidario de impulsar el gran proyecto europeo, tras el Brexit, es un nuevo mazazo para la Unión Europea.
En Bruselas temen que se produzca una reacción en cadena en otros Países, de tal modo que los partidos minoritarios y contrarios a Europa se unan, aun siendo de corrientes antagónicas, y siguiendo el ejemplo español derriben a Gobiernos débiles para auparse al poder.
Ha sucedió en Italia, donde lo que parecía imposible, que un partido de extrema izquierda y otro de extrema derecha se coaligaran para formar Gobierno, se ha producido para evitar nuevas elecciones generales. Y todo esto sucede en un momento muy delicado en las relaciones comerciales con Estados Unidos, ante lo que se requiere unidad de acción.
Pedro Sánchez no tiene acta de diputado al abandonarla tras la decisión de la ejecutiva de su partido de abstenerse en la investidura del anterior presidente, Mariano Rajoy. Alegó que iba en contra de lo que se les había prometido a sus votantes por lo que rechazó su escaño en el Parlamento. Pero es que, en las últimas elecciones generales, Pedro Sánchez obtuvo los peores resultados de la Historia de su partido.
El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) existe en España desde 1879, una de las formaciones políticas activas más antiguas del Mundo (en Europa, solo el Partido Socialdemócrata alemán es más antiguo).
El nuevo presidente español es economista, lo que en teoría le vine bien al País en el momento actual de continua recesión económica de la que España no termina de recuperarse, claro que también lo era el ministro de economía con el anterior partido en el poder, el PP.
Sánchez lo tiene todo previsto y para ello recurre a los consejos de su camarada economista, Manuel Escudero, el principal especialista en materia económica a quién consulta Pedro Sánchez. Según Escudero, el Estado español debe gastar de sus arcas 8.000 millones de euros en modernizar la estructura productiva y repartir mejor los beneficios del crecimiento económico.
Luego reconocen que España ha crecido gracias a la política del PP aunque consideran que el beneficio generado no se ha repartido convenientemente entre los españoles, a quiénes no llega la impresión de esa salida de la recesión económica. Pero es que el PSOE prepara unos presupuestos para 2019 que supondrá un aumento de los impuestos para generar más dinero que poder invertir en “mejoras sociales”.
Aseguran que esa mayor carga fiscal irá sobre todo hacia las empresas, pues piensan obtener la mitad de esos 8.000 millones del incremento del Impuesto de Sociedades (del 8,8% de sus ingresos que pagan ahora, pasarían a pagar un 15% por ese impuesto). En cambio, a las rentas más bajas les reducirán los impuestos.
Gracias al dinero que esperan sacar de ese aumento de impuestos piensan que podrán subir los salarios al funcionariado y las pensiones.
Escudero opina que se puede hacer y además la Unión Europea no podría decir nada puesto que España dedica un 4,5% menos de su presupuesto a gasto social que la media europea.
Desean aumentar las partidas presupuestarias a “sanidad y dependencia” y enseñanza llegando a los niveles anteriores a la recesión económica, los cuales fueron recortados por el PP, pero como medida para combatir la crisis y por lo que parece ha funcionado.
El PSOE anuncia que invertirá más en investigación y desarrollo (I+D), Medio Ambiente, industria y tecnología digital; en total, planean invertir 4.250 millones de euros en estos sectores para que España deje de ser un País conocido solo por el turismo por lo que solo se invertía en el sector “servicios”.
Dicen que subvencionarán con 2.400 millones de euros a las personas y familias más necesitadas y con otros 1.200 millones a mejorar el subsidio por desempleo, en los casos de paro laboral de larga duración. En el mismo pack social meterán un mayor gasto en aplicar la Ley de Igualdad (de orientaciones sexuales) y en vivienda protegida.
¿Cómo piensan conseguir tanto dinero? Porque si mis cuentas no me fallan, necesitarán un extra de casi 8.000 millones de euros para cubrir todos esos capítulos presupuestarios. No hay problema, tranquilizan los “expertos” economistas del PSOE. Por lo menos 2.500 millones lo obtendrán de eliminar organismos públicos innecesarios porque sean duplicidades y de gestionar la adquisición de material de forma más correcta.
Les subirán los impuestos a quiénes tengan rentas más altas y aplicando también la misma carga fiscal que actualmente se impone a las rentas de trabajo sobre las de capital. Vamos, que cualquier incremento de nuestro capital en cuentas bancarias será gravado con una mayor carga fiscal.
Todo pareciera muy fácil sobre el papel pero lamentablemente, las promesas de mejoras sociales las hemos oído ya demasiadas veces
En el horizonte próximo de la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, la crisis política en Cataluña a cuyo nuevo Gobierno regional, claramente independentista, ya ha respaldado Sánchez y, por supuesto, contentar a la miríada de formaciones que le han aupado al poder.
Tradicionalmente, los socialistas han llevado a cabo políticas de derroche económico en pos de supuestas mejoras sociales para el pueblo español pero que no terminaban de calar con el resultado final de ruina para las arcas del Estado sin avances sociales. En cambio, el Partido Popular tiene por costumbre ahorrar todo lo que le es posible, recortando los presupuestos para que así le salgan las cuentas, dando lugar a precariedad social y laboral.
Son los dos únicos partidos que han gobernado España desde la transición política, sin contar a la Unión de Centro Democrático de los primeros años, tras la Dictadura de Franco (pero el Partido Popular es heredero de aquella formación). Por lo tanto, son las dos únicas formas de gobernar que conocen los españoles.
Vemos como se gobierna con más o menos acierto en otros Países europeos y no terminamos de entender como un País de recursos no termina de levantar cabeza. La respuesta pudiera ser la corrupción generalizada en la que la Administración española está inmersa desde hace décadas.
Veamos un ejemplo similar al español: Italia. Nuestras costumbres, riqueza cultural, carácter e incluso nuestra forma de cocinar (dieta mediterránea) nos acercan más que alejarnos.
Italianos y españoles hemos estado unidos políticamente: primero los romanos dominaron la Península Ibérica durante seis siglos, dejando una importante huella en nuestra idiosincrasia, derivando el idioma español del latín. Mil años después de marcharse los romanos, España conquistó amplios territorios de Italia formando parte de distintos reinos españoles durante casi 300 años.
En la Guerra Civil española decenas de miles de italianos lucharon en la contienda y actualmente los dos Países forman parte de los principales organismos internacionales. Las relaciones entre Italia y España son óptimas y prácticamente así han sido siempre, incluso en tiempos de la dictadura franquista.
Los artistas, cantantes y actores de un País son muy conocidos también en el otro y viceversa. Tan intensa es la relación que los españoles saben más de los italianos que de nuestros vecinos portugueses, y eso que con éstos últimos compartimos la Península Ibérica.
Como no podía ser de otro modo, también nos parecemos en política: en el Parlamento italiano han irrumpido nuevas formaciones extremistas, como en España (no son violentas, pero sí abogan por cambios radicales en la constitución y forma del Estado).
La atomización del Parlamento, si bien permite nuevas ideas con la incursión de otros partidos aparte de los clásicos que se han alternado en el poder desde la caída de la dictadura, también desestabiliza puesto que, al no ponerse de acuerdo, los grandes proyectos de ley no salen adelante. Y ahora, tras la moción de censura, la situación empeora porque el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, ya ha anunciado que hará una oposición “salvaje”, como la que ellos han sufrido.
Los populares no van a respaldar prácticamente ninguno de los proyectos que ponga en marcha el nuevo Gobierno de coalición, ya que cuando tengan que ser votados en el Senado, donde el PP es el que sigue mandando, se quedarán bloqueados.
La Mesa del Congreso está en manos de las formaciones PP y “Ciudadanos”, contrarias al nuevo Gobierno. Este organismo es el responsable de las líneas generales de actuación de la Cámara, la coordinación de los trabajos de sus distintos órganos, la calificación sobre los escritos y documentos parlamentarios, la decisión sobre su admisibilidad y procedimiento de tramitación.
Opino que no es tampoco responsable, por parte del PP, impedir el progreso del País por puro sentimiento revanchista, pero la realidad es la que es y esto lo sabía Pedro Sánchez, que ha dado lugar a esta situación. Sin embargo, él lo único que ha querido siempre es gobernar a toda costa, para limpiar su maltrecha imagen de político gafe.
De momento, el Gobierno regional catalán espera que el nuevo presidente español les de alas a su intención de proclamar una República autónoma dentro de un nuevo Estado federal, pero eso supondría destituir a la monarquía ya que no se entendería un Reino de España con territorios autónomos constituidos como Repúblicas. Así que el problema catalán persistirá lo que comienza a ser insostenible puesto que esa Comunidad Autónoma española lleva ocho meses sin Gobierno.
Los socialistas han declarado que mantendrán los presupuestos generales recientemente aprobados (si bien los mismos que han apoyado a Pedro Sánchez ya han puesto enmiendas a dichos presupuestos). Están planificados por el anteriorGobierno con lo que su implantación será liviana, preparando ya los nuevos presupuestos para 2019 que sin duda serán muy distintos a los de este año (se comenta que el borrador lo tendrán listo para septiembre).
Presumiblemente ocurrirá lo mismo que con los presupuestos de 2018, que no terminaban de salir adelante por no contar con respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados.
Ahora será en el Senado donde los nuevos presupuestos no se aprueben, cuando se nieguen a respaldarlos el PP, y mientras tanto la casa sin barrer con numerosos proyectos de Estado paralizados al carecer de financiación, como la esperada (y merecida) subida salarial de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
Con sueldos paupérrimos en comparación a lo que reciben los agentes de las Comunidades Autónomas con Cuerpos de Policía, las Fuerzas de Seguridad estatales llevan media vida solicitando mejoras en sueldo, aumento de personal y renovación de medios técnicos.
Se puede decir que Pedro Sánchez no ha conseguido un triunfo, puesto que ha sido aupado al poder por los partidos de la extrema izquierda. Éstos, a su vez, para que le apoyen, a las formaciones separatistas, creyendo que el nuevo presidente no tendrá más remedio que atender sus propuestas sino quiere verse de nuevo en el banquillo.
Sánchez no se lo ha currado, para que nos entendamos, sino que Mariano Rajoy, el anterior presidente, no ha cuidado su posición creyéndose irreemplazable.
El nuevo presidente estará apoyado, en principio, por secesionistas, antieuropeístas e incluso simpatizantes del entorno de la organización terrorista ETA, supuestamente desmantelada por sus propios dirigentes al preferir la acción política a la violencia. Y esto en un momento en el que las asociaciones de víctimas están pidiendo a gritos que la desarticulación de la banda terrorista no suponga que dejen de investigarse los numerosos asesinatos no resueltos cuya autoría sospechan fue de ETA.
Sánchez declaró a los medios hace algún tiempo que jamás se aliaría con separatistas o con populistas, como califica a la coalición “Unidos Podemos” y sus partidos satélites, pero al final lo ha hecho lo que le resta credibilidad.
Los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil le piden que mantenga el compromiso pactado con el anterior Gobierno de equiparación salarial con los Cuerpos de Seguridad de las Comunidades Autónomas, un pacto que no termina de materializarse y que le corresponderá al PSOE llevar a cabo.
Los partidos separatistas catalanes le piden que desaparezcan los controles del Ministerio de Hacienda sobre las arcas catalanas y que facilite el regreso de las empresas catalanas que trasladaron sus domicilios fiscales fuera de Cataluña, en 2017, para evitar que les salpicara el referéndum ilegal de independencia.
El Círculo de Empresarios de Galicia le solicita al nuevo presidente que mantenga el compromiso presupuestario con esa Comunidad Autónoma, lo que también piden los canarios y asturianos, incluyendo reformas fiscales. Unos presupuestos que corren peligro de salir adelante ya que varios de los partidos que han apoyado la moción de censura no están de acuerdo con los mismos.
Esquerra Republicana de Catalunya, que también ha apoyado la moción de censura, le pide al nuevo presidente que reconozca que hay presos políticos en las cárceles españolas, refiriéndose a los consejeros catalanes que por orden judicial fueron encarcelados tras demostrarse su implicación en el referéndum ilegal de independencia y en la financiación ilícita del mismo.
La formación “Ciudadanos” le solicita a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales
La patronal de empresarios también tienen su propia reclamación: que mantenga las medidas de austeridad y los objetivos de déficit público del anterior Gobierno y que no cambie la actual reforma laboral.
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) igualmente ha lanzado ya su mensaje subliminal al nuevo presidente confiando que atienda las reivindicaciones de las Fuerzas Armadas en cuanto a mejoras salariales y material más moderno.
En Europa, Ángela Merkel, la mandataria más influyente del continente, ha comunicado que su relación política con el anterior presidente fue excepcional y muy positiva alabando los logros conseguidos, dando a entender con ello que no entiende el cambio de Gobierno en España.
Incluso dentro del propio partido socialista español, uno de sus europarlamentarios y ex–ministro, José Blanco, considera que deben convocarse elecciones cuanto antes en el momento que se “corrijan” ciertos errores del anterior Gobierno.
El presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro José Caballero, pide al nuevo Gobierno que se respalde la enseñanza privada y en concreto la de instituciones católicas, casi la tercera parte de los centros de educación primaria y secundaria del País.
Albert Rivera, presidente de la formación “Ciudadanos”, que no pocas encuestas dan como principal opción de voto actual en España, ha comentado que el anterior Gobierno (del que eran aliados) merecía que se le expulsará de la Moncloa, pero no del modo en que se ha producido. Ha dado lugar a un nuevo Gobierno aún más débil y con el apoyo de partidos que desean desestructurar España.
El Gobierno regional vasco ya ha mostrado su verdadera cara y con ello la razón por la que han apoyado la moción de censura en Madrid: que el nuevo Gobierno permita un avance en su reclamación separatista que el anterior no contemplaba.
La coalición vasca EH-Bildu, que cuentan con dos diputados en Madrid, se han apresurado en dejar claro que aun habiendo apoyado la moción de censura no ha sido con la intención de respaldar en su político a un nuevo presidente español sino por la oportunidad de expulsar a Mariano Rajoy, al que consideran dañino para el País Vasco.
En la misma línea que los extremistas vascos se ha pronunciado Artur Mas, que fue presidente de la Generalitat catalana y del Partido Demócrata Europeo Catalán, que también ha apoyado la moción de censura. Mas cree que Pedro Sánchez no permitirá que Cataluña se convierta en República independiente, que es lo que esperan los separatistas catalanes que le han respaldado, sino que ofrecerá volver al estatus que tenía antes de que la Comunidad Autónoma catalana fuera intervenida por el Gobierno central español, con el anterior partido en el poder.
El portavoz del Partido Popular en el Congreso le recuerda a Pedro Sánchez que no ha sido ético el modo en que les han expulsado, incluso lo ha calificado de antidemocrático puesto que el PP fue la opción más votada y con mucha diferencia.
En su alocución en el Parlamento, les repasó a los socialistas los numerosos casos de corrupción que también señalan al PSOE, el más sonado, el de los expedientes reguladores de empleo (ERE), por los que ex-presidentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía - gobernada desde siempre por socialistas -, se han visto obligados a sentarse en el banquillo judicial, señalados por la que fue directora general de Trabajo de la Junta de Andalucía.
Sobre algunos ex-presidentes socialistas de Andalucía pesa la sospecha de que estaban plenamente informados de subvenciones a sus amistades, a través de la Consejería de Innovación y la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía. La encargada de la investigación es, una vez más, la Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa, erigidos en defensores de la integridad institucional frente a la corrupción administrativa.
Son ya demasiados los casos de corrupción que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han investigado, protagonizados por las dos grandes formaciones políticas del País: PP y PSOE. Afortunadamente, el pueblo español sigue contando con sus Cuerpos de Seguridad estatales y la mayoría de la judicatura para combatir la corrupción enquistada en la política y administración españolas.
Con respecto a los ERE, se acusa al partido socialista de crear una red clientelar a la que subvencionó con fondos públicos de la Junta de Andalucía, en un fraude gigantesco que pudieran superar los 1.000 millones de euros.
El monumento más visitado de Andalucía, el complejo palacial de la Alhambra y el Generalife, ha sido investigado ya en dos ocasiones por sendas tramas relacionadas con el sistema de contratos temporales de personal auxiliar (audioguías) y la venta irregular de entradas para visitar el complejo, así como la adquisición de complementos. El PP acusa a la Junta de Andalucía de estar detrás de estas tramas.
El PSOE está igualmente vinculado a numerosos casos de corrupción, aunque ciertamente no tantos como el PP pero eso no les hace a los implicados mejores políticos (el que hayan defraudado menos que sus contrarios) ya que el montante defraudado por los socialistas, en diferentes casos investigados por los jueces y Cuerpos de Seguridad del Estado, supera los 10.000 millones de euros.
La otra formación política que más veces se ha visto en los juzgados tras populares y socialistas es Convergencia Democrática de Cataluña (antes de que se refundiera en el actual Partido Demócrata Europeo de Cataluña o PDeCAT).
Desde luego, los que peor lo han pasado y más indignados están, además de la ciudadanía en general, son los propios militantes de estos partidos políticos o muchos de los concejales que humildemente y con precariedad de medios intentan sacar adelante sus consistorios, de forma honesta y atendiendo siempre a las leyes.
La gran mayoría de miembros de estas formaciones políticas son personas serias y buenos profesionales que no merecen que algunos de sus directivos y no pocos cargos intermedios, tanto a escala nacional como regional, se hayan aprovechado de sus cargos para enriquecerse y ensuciar la buena imagen de estos partidos.
Llevamos ya demasiados años con el fantasma de la corrupción en España, pero la solución no es alcanzar el Gobierno sin haber pasado por las urnas, como ha hecho el PSOE.
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