La Generalitat de Cataluña sostiene al Gobierno central de España, un país del que busca independizarse
En el año 2005 el Parlament de Catalunya envió al Congreso de los Diputados de España (también al Senado) un texto de reforma del Estatuto de Autonomía de 1979 para ser discutido.
En el documento se profundizaba en la autonomía política y financiera, buscando lo que se llama un nuevo encaje de Catalunya en España.
Desde el Preámbulo, en el que se define a Catalunya como nación, hasta el punto en el que se habla del Poder Judicial y en todo lo demás se trataba de conseguir una relación bilateral y prácticamente federal de Catalunya con España. Nada nuevo, ya que el País Vasco y Navarra ya tienen esa consideración por parte del Estado.
Tras meses de discusión y de no pocos problemas se aprueba, por mayoría absoluta, un texto que fue refrendado por el Parlamento catalán, sancionado por el Rey y puesto en vigor.
No todos estaban satisfechos con lo pactado, ni por parte de los políticos nacionales ni por algunos extremistas catalanes. Comienza el proceso independentista o soberanista conocido por el termino catalán "Procés" que derivó en la situación posterior de confrontación.
Índice
La estrategia contra el Procés
El Partido Popular inició una campaña de recogida de firmas contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
Recogieron 4 millones de firmas en toda España. Además, cinco Gobiernos regionales y el Defensor del Pueblo también presentaron recurso.
Cuatro años después (2009), el TC, con diez de sus doce magistrados, algunos de los cuáles con su mandato caducado, dictaron sentencia. 14 artículos fueron declarados inconstitucionales y 25 sujetos a interpretación pero mantuvieron la definición de Catalunya como nación sin eficacia jurídica.
Es importante resaltar, para los lectores no españoles, que algunos de los artículos declarados inconstitucionales, como el 98 acerca del Consejo de Justicia de Catalunya, fue calcado del nuevo Estatuto andaluz, artículo 144: en Andalucía está vigente y es constitucional pero en Catalunya es inconstitucional. Con lo que los independentistas decían no entender ese distinto rasero del Gobierno central con las Comunidades Autónomas.
Muchos catalanes entendieron que el nuevo "Estatut" de 2006 era plenamente legal, negociado y refrendado de modo legítimo. No comprendían porqué se recurrió al TC sin haber inconstitucionalidad. Los separatistas lo aprovecharon, "vendiéndolo" como un ataque directo a la democracia y a la voluntad de autogobierno.
En julio de 2010 el President de la Generalitat, José Montilla (PSC) encabezaba una enorme manifestación contra la Sentencia del TC, con el lema Som una nació. Nosaltres decidim (Somos una nación. Nosotros decidimos). Todos los partidos, excepto el PP y Ciutadans, todos los sindicatos y la patronal empresarial participaron y se manifestaron.
Las movilizaciones del Procés
La movilización de la ciudadanía catalana para conseguir un referéndum acordado y legal para decidir su futuro status, si bien multitudinaria, fracasó.
En 2014 se llevó a cabo un proceso participativo, sin validez legal (no fue ni organizado ni autorizado por el Estado), en el que 2’2 millones de catalanes votaron, sobre un censo cercano a los seis.
Las elecciones autonómicas de 2015 se plantearon como plebiscitarias por parte de la coalición Junts pel Sí (la antigua Convergencia Democrática más Esquerra Republicana de Catalunya y otros partidos menores) y la CUP (Candidatura d’Unitat Popular, extrema izquierda independentista). Para estos partidos, no eran unas simples elecciones sino una consulta popular para decidir la autodeterminación como País. Entendían que sí obtenían mayoría era como un respaldo ciudadano para proceder a la emancipación del Estado español.
Las opciones claramente independentistas lograron un 48% de los votos en las elecciones regionales.
El característico sistema electoral español (las Provincias más pobladas están representadas por más diputados), les proporcionó la mayoría absoluta en el Parlament. El 52% restante no puede ser considerado de manera automática como no soberanista ya que había formaciones que defendían la opción federal.
Había cerca de un 43% de los votantes catalanes que dejaron claro que no querían la independencia. Si les añadimos el 24% de abstenciones y votos en blanco (personas a las que les da igual la cuestión de la soberanía nacional) del total de la población observamos que en torno a 2,4 millones de catalanes no estaban por la labor de independizarse de España o simplemente les traía sin cuidado, allá por 2015. Eso era casi la mitad de la población de la Comunidad Autónoma.
La mayoría parlamentaria catalana recibió la negativa del Gobierno central a negociar el traspaso de la potestad de celebrar referéndums así como a entrar en conversaciones para un nuevo estatuto para Catalunya.
Deciden, a principios de septiembre de 2017, aprobar de modo unilateral (sin el concierto estatal) la Ley del Referéndum y, más tarde, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Inmediatamente la primera fue recurrida ante el TC que no emitió sentencia sobre su inconstitucionalidad: organizar referéndums o promover su realización no es delito.
El Gobierno central, desde Madrid, ordenó la suspensión del referéndum que se estaba organizando en Cataluña – aún no había declaración de inconstitucionalidad – pero el Govern de Catalunya hizo caso omiso, convocando la consulta popular para el día 1 de octubre de 2017. Suponía un gran dispendio económico porque se habilitaron colegios con urnas, seguridad a cargo de la Policía de la Comunidad Autónoma, horas que debían dejarse libres en los puestos de trabajo para ir a votar, etc. Por lo tanto, se usó dinero público para un proceso no autorizado.
La tensión se disparó con la citación previa al 1 de octubre de 700 alcaldes que habían declarado que prestarían locales para su celebración. Se pretendía con ello dar la imagen de que se contaba con apoyo de una de las Administraciones, la municipal. Sin embargo, hubo 247 alcaldes que no acudieron a la cita.
La respuesta del Estado contra el Procés
Las Fuerzas de Seguridad, por órden del Ministerio del Interior, arresta a varios altos cargos del Gobierno catalán y se procede a la intervención económica de la Generalitat. Los detractores de esta medida alegaron que se estaba tomando de modo autocrático puesto que ningún tribunal había ordenado la aplicación del artículo 155 de la Constitución (que permite al Estado obligar a una Comunidad Autónoma a cumplir una determinada ley) ni la Ley de Seguridad Nacional. Pero el Gobierno central ya había dispuesto el refuerzo de los contingentes policiales en Catalunya con 10.000 agentes más procedentes de otras Regiones.
Hubo verdaderas batallas campales por toda Cataluña entre los conocidos como CDR, grupúsculos de independentistas radicalizados y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre 2017 y 2019 (este segundo año se celebró el juicio contra los acusados por el Procés ilegal).
Es evidente que el referéndum del 1 de octubre carecía de todos los requisitos que cualquier proceso electoral debe tener. Es más, desde diversas posiciones políticas democráticas, incluyendo algunas soberanistas, se pidió que no fuera considerado como un referéndum sino como una movilización o proceso participativo.
Las imágenes de las cargas policiales contra quiénes acudían a votar en el referéndum ilegal dieron la vuelta al Mundo. Las formaciones independentistas protestaron enérgicamente por la actuación de los Cuerpos de Seguridad del Estado que consideraron desproporcionada, con manifestantes heridos y muchas detenciones (hubo también numerosos agentes heridos).
Un conflicto se soluciona con el diálogo
La democracia española, fruto de los pactos políticos de 1978, se encuentra en un momento difícil, ya que requiere respuestas políticas para resolver los desacuerdos legítimos.
España no es una democracia militante que exige una adhesión a la norma fundamental, como dice el TC en la Sentencia 42/2014: “… en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de “democracia militante”, esto es, “un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución”…”.
El diálogo, el reconocimiento de la legitimidad de las reivindicaciones, el cambio de las leyes si es necesario y, finalmente, el paso por las urnas, son las únicas y urgentes vías para solucionar un conflicto. El pacto al que se llegue no debe ser visto como rendición o victoria de unos sobre otros. Esto último no es compatible con una cultura política democrática.
El caso es que actualmente el Gobierno central español debe su estabilidad al apoyo de los partidos independentistas pues de lo contrario no habrían conseguido la mayoría en el Parlamento Nacional que ostenta el principal partido de la Oposición. Por otro lado, a los separatistas les interesaba ofrecer ese respaldo ya que la alternativa era el regreso del Partido Popular, el mismo que mandó a los Cuerpos de Seguridad a cargar contra ellos entre 2017.
Ahora bien, la prueba de que la independencia es una cuestión que solo interesa a determinados partidos políticos para mantenerse en el poder y no al grueso de la población a la que supuestamente representan, es lo sucedido en las últimas elecciones regionales de 2021. El 47% de los catalanes mayores de edad que pueden votar se abstuvieron de acudir a las urnas porque les importa bien poco lo que suceda en el terreno político.
La lectura que puede hacerse es que los ciudadanos están desencantados o hartos de la crispación o de que sus representantes políticos se interesen más por una cuestión que las personas de a pie, las que verdaderamente construyen una nación, consideran absurda (la independencia). Esos políticos eluden su responsabilidad porque no saben como afrontar los verdaderos problemas.
En las encuestas que se hacen a los habitantes sobre su bienestar, lo que más reclaman en Cataluña es el acceso a una vivienda digna (los precios están por las nubes en las principales ciudades), más centros de salud puesto que son insuficientes para tanta población, un transporte público más eficiente e incluso más zonas recreativas. Lo de la independencia es algo que preocupa a tan solo 1,5 millones de catalanes, a tenor de las elecciones de 2021. Y son 6,4 millones los mayores de edad que pueden votar así que ya me diréis.
Ha de haber una amplia mayoría para que la minoría acepte una cuestión tan importante lo que en Cataluña supondría que casi 4,3 millones de habitantes lo respaldaran, algo que está lejos de la realidad.
De momento, con la surrealista alianza entre independentistas catalanes y el Gobierno español, los primeros ya han conseguido una Ley de Amnistía para los encausados y perseguidos por la Justicia española por los hechos y sucesos en torno al Procés. Así es la política: los que ayer eran contrincantes, hoy son aliados. Suele pasar no por el interés ciudadano sino por el particular de los partidos políticos para perpetuarse en el poder.
En cualquier caso, siempre será mejor el diálogo a la confrontación y más si esta deriva en violencia sin sentido.
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